Vecinos aledaños al vertedero de Toa Alta oficializaron su intención de demandar –en el ámbito federal– al ayuntamiento y al operador privado de la instalación por presuntas violaciones ambientales que representan una amenaza para la salud pública y el entorno natural.

Los residentes presentaron el “aviso de violación e intención de demandar” el pasado miércoles, 23 de junio, y está dirigido al Municipio de Toa Alta, el alcalde Clemente “Chito” Agosto, y el operador del vertedero, Toa Alta Eco Park.

Desde entonces, inició un período de 60 días en los cuales el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) –como ente estatal al que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) delegó la regulación de los vertederos– deberá decidir si acoge los reclamos ciudadanos y radica la demanda en su nombre. La otra opción sería que los vecinos incoen el pleito por su cuenta.

Joel Seijo, portavoz del DRNA, informó hoy, miércoles, que funcionarios de la agencia se reunirán mañana, jueves, con personal de la EPA “para discutir los pasos a seguir”.

Los residentes basaron su intención de demandar en presuntas violaciones a la Ley federal de Aire Limpio. Específicamente, plantearon que el vertedero opera sin el permiso de Título V requerido por el mencionado estatuto, ni cuenta con un sistema para la colección y control de gases, como metano y dióxido de carbono, entre otros.

En el “aviso de violación e intención de demandar”, del que El Nuevo Día obtuvo copia, se indica que, este año, el vertedero culminaría con una acumulación de 4,486,265 metros cúbicos de residuos sólidos. Se resalta, además, que la residencia más cercana a la instalación queda apenas a 20 metros de distancia y que, en un radio de 400 metros, hay más de 100 hogares y comercios.

“Aquí, el problema es que este vertedero lleva desde los años sesenta operando con un montón de violaciones, y ha sido beneficiario de la indiferencia del gobierno y de las peleas internas en la EPA de si intervienen o no… están operando sin cumplir con los debidos requisitos”, afirmó el abogado Miguel Sarriera, quien representa a los vecinos.

Recordó que, en febrero pasado, el Departamento de Justicia federal demandó al Municipio de Toa Alta por la operación del vertedero –un caso cuya discusión apenas comienza–, pero “se quedó fuera el asunto del aire”.

“Los vertederos son una operación industrial y, al acumular basura en masa, se generan gases como parte de un proceso normal. Si esos gases exceden ciertos límites, se necesita un permiso de Título V. Durante años, las agencias han tenido conocimiento de que el vertedero de Toa Alta excede esos límites, pero nunca han exigido el permiso”, denunció.

Describió un cuadro similar “de incumplimiento” con el sistema de colección y control de gases. “Se supone que se instalen unos tubos subterráneos para atrapar estos gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y emiten sustancias tóxicas y dañinas para la salud, pero no han hecho nada de eso”, abundó.

De acuerdo con Sarriera, un posible curso de acción es que la demanda de los vecinos se consolide con la que Justicia federal presentó.

Carlos López, abogado del Municipio de Toa Alta para todo lo relacionado con el vertedero, confirmó que el ayuntamiento recibió el “aviso de violación e intención de demandar”.

“Lo único que puedo decir es que, en el proceso, esperaremos a que (las partes) determinen la acción que van a tomar. Más allá de eso, no tenemos mayores expresiones, ya que lo que sea que se determine será a través del proceso legal correspondiente”, dijo López.

El vertedero de Toa Alta tiene una orden de cierre de la EPA y debió cesar operaciones en diciembre de 2017. Sin embargo, el ayuntamiento y la EPA están en negociaciones relacionadas con el cierre y, entre otras cosas, se pondera la construcción de una nueva celda de depósito en la huella ya impactada.

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