El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo declaró con lugar la moción de sentencia sumaria sometida por Myrna Conty Hernández y Ciudadanos en Defensa del Ambiente contra la empresa Energy Answers, que planifica construir una incineradora de basura para crear energía, al encontrar que no contaban con los permisos necesarios para realizar trabajos de construcción en un predio de casi 97 cuerdas en el barrio Cambalache de Arecibo.
En el dictamen firmado por el juez superior Santiago Cordero Osorio, el tribunal también declaró sin lugar la moción de desestimación de Energy Answers. El tribunal determinó que el hincado de pilotes, la ubicación en el subsuelo de dichos pilotes y el uso de maquinaria pesada para remover terreno y material vegetal “fue contraria a derecho” porque la empresa no contaba con el permiso necesario para realizar dichas labores.
Conty Hernández, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, indicó mediante comunicación escrita que buscarán que el gobierno le revoque a Energy Answers todos los permisos que se les habían otorgado.
“El tribunal aceptó lo que denunciamos desde el primer día, que esta compañía no estaba autorizada a trabajar en el predio que compraron, que no tenían permisos para construir. Pero esta compañía, con las agencias del gobierno mirando hacia otro lado, y en violación de la ley, introdujo maquinaria pesada a la finca a pesar de nuestro campamento ciudadano. Nos amenazaron hasta con agredirnos y nos demandaron para intimidarnos, pero nuestra firmeza nos ha dado la razón. Ahora queremos sepultar este proyecto para siempre y exigimos, de una vez y por todas, la revocación de todos los permisos que con engaños han obtenido”, indicó Conty Hernández.
Según se desprende de la documentación analizada por el tribunal, Energy Answers obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el 29 de marzo de 2017, un permiso simple “para la extracción de materiales de la corteza terrestre”, cuyo propósito era hincar cuatro pilotes de prueba. El mismo día, la compañía solicitó otro permiso ante la OGPe, esta vez de urbanización (construcción).
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