Tras conseguir la aprobación de las leyes de política pública energética y cambio climático, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, trabaja en un proyecto sobre un asunto igualmente crítico: los vertederos.

“No es un asunto distinto al de las pensiones o la deuda. Hace años, se está levantando bandera sobre el incumplimiento ambiental de los vertederos y su vida útil, así que no podemos postergar más la discusión”, dijo Seilhamer a El Nuevo Día, tras finalizar una vista ocular en el vertedero de Toa Alta, que tiene orden de cierre de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Como parte de su gestión, el senador del Partido Nuevo Progresista inició esta semana una serie de visitas a los vertederos. Su intención, indicó, no es señalar deficiencias o irregularidades, sino tener un cuadro completo del estado de estos sistemas, con miras a desarrollar una política pública integrada de manejo de desperdicios sólidos.

De los 29 vertederos en la isla, solo 11 cuentan con revestimientos sintéticos o “liners” para evitar la percolación de lixiviados (jugos de la basura) al subsuelo y los acuíferos. Para efectos de la EPA, estos 11 son “sistemas de relleno sanitario” y operan en cumplimiento ambiental. Los otros 18 son “open dumps” (vertederos abiertos). No tienen “liners”, por lo que operan en incumplimiento. De esos, 11 tienen órdenes de cierre de la EPA.

En marzo pasado, este diario reportó que, si los puertorriqueños no cambian sus patrones de consumo para generar menos basura, ni se crean o identifican nuevos mercados de reciclaje, el país se quedaría sin vertederos durante los próximos dos a cuatro años, según un estudio que analizó la capacidad de estos sistemas tras el paso de los huracanes Irma y María. El estudio, sin embargo, no consideró los vertederos para los cuales el gobierno ya aprobó nuevas celdas de depósito.

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