Un nuevo choque entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Junta de Control Fiscal (JCF) se avecina en torno al presupuesto de la institución para el próximo año fiscal. Y es que el presidente universitario, Jorge Haddock, dijo ayer que no implementará los cambios que solicitó el ente fiscal debido a que pone en peligro la calidad académica y hasta podría provocar el cierre de recintos, opción que había sido descartada ya por el mismo Haddock.

“No vamos a implementar ninguna medida que trastoque la calidad académica… [La JCF] insiste ahora en aumentos en la matrícula graduada, eliminación total de las exenciones, reducción de la aportación patronal al plan médico, piden cerca de $240 millones en medidas adicionales a lo que certificaron en octubre”, se quejó durante una conferencia de prensa.

Inclusive, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, discrepó con la JCF de tener que aportar $160 millones para el pago de pensiones. De acuerdo con el funcionario, si se realizara esta aportación, “estaríamos hablando del cierre de, al menos, cuatro recintos”, ya que supone un gasto adicional de $80 millones que “no tenía presupuestado”.

El presupuesto de la institución se fijó en $1,311 millones.

De acuerdo con la misiva que dirigió la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, al primer centro docente del país, se debe instaurar una reducción en las aportaciones al plan médico de los empleados —$125 para empleados no docentes y $390 a docentes—, aportar $160 millones para las pensiones, mantener exenciones solo a estudiantes veteranos, de honor y asistentes de cátedra. Asimismo, propone aumentar la matrícula para estudiantes graduados.

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