El acopio de documentación abarcadora sobre el severo impacto del cambio climático en el litoral de Puerto Rico convoca a tomar acción sin rodeos para adoptar un nuevo ordenamiento jurídico que permita una mejor protección y conservación de nuestras costas.

La evidencia técnica y científica sobre la acelerada erosión en las playas de los 44 municipios costeros, entre otros asuntos relevantes, demuestran que urge legislar para encaminar respuestas atinadas con el fin de frenar daños crecientes que exponen a riesgos elevados de pérdida de vida y propiedades.

El estatuto que define la zona marítimo terrestre y otros aspectos medulares relativos a las costas de Puerto Rico es la Ley de Puertos de España, aprobada en 1880 y vigente aquí desde 1886. Sin dudas, sus disposiciones no responden a nuestra realidad, por lo que se impone la aprobación de una nueva ley de costas.

Ese reclamo ha sido reafirmado en días recientes por oceanógrafos y otros científicos, así como por abogados, ambientalistas, líderes comunitarios y ciudadanos preocupados por la acelerada erosión costera y sus serios efectos en nuestras playas, uno de los principales atractivos turísticos del país.

Las severas pérdidas han sido ilustradas en detalle esta semana en el reportaje especial de El Nuevo Día “Contra el reloj las costas de Puerto Rico”, en el cual peritos y vecinos de diversos pueblos plantean inquietudes y alternativas para atender los cambios que atentan contra una amplia porción de nuestra isla.

Para mitigar estos daños es necesario cumplir celosamente las disposiciones legales del Plan de Uso de Terrenos, el cual marca las responsabilidades para conservar y disfrutar adecuadamente nuestros suelos.

Como parte de esta impostergable encomienda, será fundamental atemperar estatutos existentes a la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, aprobada el 22 de mayo de 2019. A dos años de su vigencia, es preciso facilitar el desempeño del comité de expertos y asesores que recibió la encomienda de poner en vigor un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, que debería reforzar otros mecanismos legales para proteger las costas y los demás recursos naturales isleños.

Los peritos que integran este comité ya han indicado la necesidad de enmendar leyes con disposiciones obsoletas, así como reglamentos con deficiencias que incluyen señalamientos imprecisos o que riñen con estatutos vigentes. Han trazado una ruta de acciones precisas. Además, han puntualizado lo esencial de hacer cumplir las leyes proteccionistas por el bienestar de nuestros recursos naturales, de los que dependen la industria turística, la pesca y otras actividades económicas relevantes para el país.

Por ello, urge que las autoridades con la misión de proteger nuestros recursos naturales movilicen el personal pertinente y superen los escollos que han impedido la óptima conservación y recuperación de nuestras costas cuando resultan cada vez más evidentes los efectos negativos del cambio climático.

Justo cuando apreciamos con consternación el colapso de viviendas y otros edificios costeros, producto del aumento del nivel del mar y de golpes ciclónicos severos, la inacción por parte de las agencias estatales con las responsabilidades de hacer cumplir reglamentos y leyes vitales propicia la agudez de los daños en una costa que se achica.

Mientras, los científicos registran aumentos en las líneas de agua tierra adentro en proporciones de dos a 35 metros. Con equipo de alta tecnología como los mareógrafos, evidencian cambios inusuales en algunas zonas que incluyen alzas de 1.98 y 2.01 milímetros en las costas de la isleta Magueyes y La Puntilla, respectivamente.

Ciertas advertencias de expertos no son nuevas. Sin embargo, han sido ignoradas por las autoridades que han incurrido en omisiones o excepciones cuestionables en la aplicación de las leyes. Estas deben atemperarse para alcanzar un balance justo entre desarrollo sostenible y preservación costera.

La documentación precisa disponible y la experiencia de daños dramáticos recientes obligan, a corto plazo, a invertir la mayor voluntad para atesorar, proteger, rehabilitar y conservar nuestras costas. Lograr la estabilidad y seguridad de los valiosos litorales de Puerto Rico es la meta.

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